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Con las desventajas de un autónomo, pero bajo las órdenes de otra persona. Así es el empleo de los falsos autónomos que suman en España más de 200.000 trabajadores. Se trata de una realidad que para las empresas supone un filón económico pero que no está dentro de la legalidad.

Para el sector empresarial esta práctica supone un importante ahorro, ya que solo debe hacer frente la cotización del autónomo, 267 euros, frente a los 450 euros que tendría que pagar por un empleado a jornada completa. Por ello, las arcas de la Seguridad Social han dejado de percibir al año alrededor de 560 millones.

Muchas empresas desconocen, o no quieren ver, la repercusión que puede tener esta ilegalidad y que puede traducirse en una multa de hasta 10.000 euros, según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Además, si durante una inspección de trabajo se detecta que una persona está desarrollando sus tareas bajo las condiciones de un falso autónomo no será sancionado, ya que será considerado como afectado. Sin embargo, al responsable de la empresa se le puede exigir el pago de las cuotas a la Seguridad Social y con carácter retroactivo.

Asimismo, si la gravedad del caso lo requiere porque el importe de la cuantía que se ha dejado de abonar por esta práctica ilegal contra Hacienda haya superado los 50.000 euros, la sanción puede ir acompañada incluso de prisión.

Con el objetivo de frenar esta situación, el Gobierno ha creado el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que contempla actuaciones como un aumento de las inspecciones laborales.

En el caso de que una empresa decida regularizar la situación de los falsos autónomos no lo tiene fácil, ya que tendrá que justificar por qué ha mantenido este tipo de relación laboral y se arriesga a que el trabajador le exija las cotizaciones anteriores no abonadas.

Fuente: El Economista

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