Los datos del Gobierno apuntan que la crisis económica está prácticamente superada, pero es una noticia que no confirman muchas familias españolas que siguen haciendo malabares para llegar a final de mes o directamente no llegan. Los empleos en nuestro país siguen sin asegurar una vida digna a los ciudadanos y se fomenta por ende el trabajo en negro.

Actualmente, la tasa de desempleo alcanza el 16%, muy superior a otros países europeos y no es que en España no se quiera trabajar, sino que la situación ha provocado que muchas personas opten por el empleo sumergido.

De hecho, existe un sentimiento de tolerancia implícito en la sociedad con respecto a esta práctica. Se justifica por la dificultad para acceder un trabajo, pero también por lo complicado que resulta mantener a flote una empresa. Sin embargo, el 4% de la población cree que la economía sumergida sea beneficiosa para España.

Pero más allá de lo que la sociedad acepte como válido, están las consecuencias legales. Hasta los 10.000 euros puede llegar la sanción para los empresarios que empleen a un trabajador sin contrato. Y si el trabajador además está cobrando el paro, la multa puede oscilar entre los 10.000 y los 187.000 euros. Además, en el caso de que Hacienda detecte la irregularidad, la empresa podría verse obligada a responder solidariamente junto con el trabajador de la devolución del subsidio, incluso podría perder en lo sucesivo el derecho a posibles subvenciones y bonificaciones.

Por su parte, el trabajador se vería obligado a devolver el importe de las prestaciones recibidas. Además, se puede ver perjudicado con la pérdida de la prestación durante un tiempo.

Dentro de la economía sumergida no solo se contempla el trabajo en negro, sino todas aquellas actividades que, siendo legal en cuanto a su naturaleza, esquivan las cotizaciones total o parcialmente.

El último informe realizado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 2016, apunta al sector servicios como el que concentra mayor número de trabajadores en situación irregular, 329.269 (74,74% del total), seguido de la industria, con 54.630; la construcción, con 32.365, y el agrario, con 22.793.

Se estima que alrededor de 250.000 millones de euros se escapan del control fiscal y laboral, según los datos que maneja el Sindicato de Inspectores de Hacienda. Solo en impuestos y cuotas a la Seguridad Social se dejan de ingresar entre 60.000 y 70.000 euros.

Fuente: Diario Sur