Dice nuestra Constitución, y en mi opinión con buen criterio, en su artículo 31.1 que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

Entiendo que el legislador con gran acierto, quiso que todos contribuyésemos al erario público, y ello de igual manera para los iguales, y en mayor o menor medida, para los desiguales, entendiendo ésta última como la capacidad económica.

Continúa el apartado 3. del indicado precepto, que “sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.”

El problema, a mi entender surge, cuando se establecen prestaciones personales con arreglo a la Ley olvidándonos del principio de igualdad en el sostenimiento de los gastos públicos. La desigualdad se produce cuando se grava la capacidad económica sin más, olvidando las cuestiones tales como las prestaciones personales derivadas de índole legal y otras que, por contribuir al desarrollo armónico de la sociedad, implican en multitud de casos asumir riesgos financieros, como el hecho de hipotecar la vivienda, embarcarse en créditos avalados por familiares directos, así como un largo etc. No estoy diciendo que el cumplimiento de las obligaciones legales implique en sí mismo un incremento de los riesgos económicos y financieros; lo que pretendo poner de manifiesto, es que determinados grupos de personas exponen todo para intentar alcanzar una determinada capacidad económica que les permita vivir, y que son esas personas las que exponen parte de su vida y de su patrimonio presente y futuro, para generar valor añadido.

En una sociedad, en la que nadie está dispuesto a realizar prestaciones de ningún tipo a título gratuito, incluso ni aquellos que más presumen al alzar su voz en favor de derechos, que de modo consciente o inconsciente se olvidan de las obligaciones, la ética y los deberes con los conciudadanos, sería conveniente reconocer a aquellas personas que lo dan todo por salir adelante arriesgando todo lo que tienen, que si bien lo hacen para su beneficio personal, por precepto legal, es indudable que son el motor de la sociedad, de la redistribución y en definitiva del bienestar.

Es por ello, que con estas líneas, creo que a la sociedad le iría mejor, si de algún modo se resaltara la labor de estas personas, que en definitiva son las puntas de lanzas necesarias para conseguir los recursos que de modo global revierten en el bienestar de la sociedad.

Es curioso como su labor únicamente es reconocida tímida y discretamente por algunos sectores de la clase política, quizás para justificarse y no ruborizarse, por supuesto demonizados por los sindicados y por alguna razón que desconozco, nada defendidos por las asociaciones de autónomos y patronal.

Por si a alguien se le ocurre, ser emprendedor, yo le animo porque puede ser una aventura apasionante, que te puede llenar de satisfacción personal. Pero no dejes que nadie te engañe, si triunfas, nadie te lo reconocerá, o incluso se sospechará de ti, aunque te hayas convertido en recaudador gratuito de impuestos, seguros sociales, y generador de imprescindibles derechos laborales, todo ello poniendo en riesgo tus ahorros, tu casa, las de tu cónyuge y las de tus hijos, y en muchos casos hasta los ahorros de los abuelos; pero si fracasas, te dirán que no supiste hacerlo bien, lo perderás todo o te quedarás hipotecado de por vida, y seguro que te llegan algunos acusándote y estrujándote, por no cumplir alguna obligación, que seguro de dejaste en el camino, simplemente porque ya estabas exhausto.

Por los motivos expuestos, en aplicación del artículo 31.1 de La Constitución Española, debería considerarse la labor solidaria, altruista, emprendedora, innovadora y generadora de prosperidad que el colectivo de empresarios y autónomos prestan a la sociedad. Son recaudadores gratuitos, que además de no recibir retribución alguna, ni siquiera tienen reconocimiento alguno; porque sin éstos no podría existir una sociedad cohesionada, donde los diferentes poderes del estado y las diferentes administraciones pudieran desarrollar su labor, y finalmente porque del riesgo asumido por ellos depende el desarrollo del conjunto de la sociedad.

                        RONDA A 7 DE AGOSTO DE 2.020

PEDRO ARTURO DEL RIO PIÑA.
ECONOMISTA.
CL ALMENDRA, 87
29400-RONDA